El caos de los sueldos

Propuestas para gestionar la administración

El sindicato Unión Sindical Obrera ha presentado este martes un estudio que no debería caer en saco roto. Demuestra no sólo un buen conocimiento de la administración española, y una buena teoría política. El resultado son una serie de propuestas para reformar la Administración con criterios de justicia, racionalidad y austeridad.

Visto en El Imparcial

El encargado de presentar el informe ha sido Luis Deleito, secretario general de empleados públicos de USO. Lo primero que ha hecho, para ilustrar la situación actual, es presentar un cuadro en el que mostraba el caso de un funcionario de la máxima categoría en dos regiones españolas que desde el punto de vista económico no son muy distintas, o que lo son menos de lo que puedan serlo otras dos regiones comparadas. Castilla-La Mancha y Castilla y León.

En ambas el sueldo base anual (contando con las pagas extras y con el complemento de destino), común a todas las regiones, es de 23.055,72 euros anuales. A partir de ahí, USO suma el promedio del complemento específico, el que depende de cada gobierno regional. Ese complemento en Castilla-La Mancha es 23.449,86 euros, mientras que en Castilla y León es 4.635,60. Es decir, lo que paga de más Castilla-La Mancha es cinco veces lo que paga Castilla y León. En el nivel 17, la comunidad que rodea a Madrid por el sur pagaba 7,4 veces el complemento de Castilla y León, y en el nivel 14 esa relación es de once a uno.

¿Qué justifica esas diferencias de sueldo? Económicamente, nada. Políticamente, la voluntad en Castilla-La Mancha de crear una red clientelista en torno al poder socialista, enquistado durante décadas. En Castilla y

León, el poder popular es más reciente, aunque está instalado ya desde 1987.

Pero sigamos. Baleares es la comunidad en la que más ganan los administrativos, con 23.118,92 euros, 594,81 euros más al mes que los auxiliares de Murcia. Pero Baleares ocupa un puesto medio en la categoría de licenciados, donde quienes más cobran son los canarios y los funcionarios de Castilla y León, mientras que en la cola está Cataluña, con sueldos que son 863,31 euros menos al mes que en Canarias. Es decir, que en las diferencias de sueldo no hay ni siquiera una tendencia clara de unas comunidades frente a otras; cambia por categorías o por especialidades. En definitiva, como ha dicho Deleito, “un caos”.

¿Qué propone USO para reformar la actual situación? Hay ciertos recortes que parecen bastante razonables. Reducir el número de altos cargos, que en la actualidad son al menos 4.381 que ha contabilizado el sindicato, a la mitad o eliminar los complementos especiales que se le conceden a los ex altos cargos de por vida. Reducir el gasto administrativo, por ejemplo, agrupando unidades administrativas, recortando la publicidad, utilización del software libre…

Pero quedan las dos propuestas más importantes. La primera es la creación de un órgano de la Administración Central del que dependería la contratación y el pago de los funcionarios locales, por medio de las diputaciones provinciales. El objetivo es sustraer de las corporaciones locales el clientelismo y la gestión inadecuada del personal, cuya partida suele exceder lo marcado por la ley y lo económicamente razonable. Este cambio permitiría una gestión más racional de la administración local.

La segunda reforma que propone USO, la central que no pertenece al sindicato único bicéfalo, es establecer la responsabilidad personal de los responsables políticos. Si un juez dictamina que ha habido una mala gestión (habría que definir claramente con qué criterios), “que quede inhabilitado para la función pública de por vida”, decía Deleito. Y que responda con su propio patrimonio. Y a partir del momento en que éste sea insuficiente, que responda subsidiariamente el partido político al que pertenece. “Ellos son los que hacen las listas”, señala Deleito. Así, continúa, cuidarán más quién ponen al frente de la gestión de lo común.

Ahora bien, la gestión del personal y de otras partidas no mejorará en las Comunidades Autónomas si no se implanta el criterio de que cada administración debe obtener los fondos sólo a partir de los impuestos que recaude. Un sistema así habría impedido un caso como el de las dos castillas. Castilla-La Mancha habría tenido que recaudar con impuestos muy altos para pagar esos sueldos tan altos, y Castilla y León se habría beneficiado de pagar unos impuestos más bajos.